Guadalajara, Jalisco.-Juan”, conmemoró con amargura el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Su mente no puede olvidar que dos de sus mejores amigos ya no están aquí. Junto con él, fueron levantados por militares, y finalmente asesinados a golpes. A él, le dieron por muerto y vive para contarlo.

Más de cuatro años han pasado desde que ocurrieron los hechos a finales de enero de 2016. “Juan”, aún no puede dormir. Su espalda y sus nervios no terminan por sanar de aquella tortura. Cuando concilia el sueño, el joven veinteañero despierta entre gritos al sobrevenir el recuerdo del martirio al que fue sometido.

Se acuerda de Luis Enrique, que tenía 19 años. También de Abraham, de 20. Eran sus amigos con los que pasaba solaz esparcimiento en uno de los fraccionamientos de Tepatitlán de Morelos.

Sin embargo, una noche, conocieron la arbitrariedad y el salvajismo de un grupo de soldados que formaban parte del Tercer Batallón de Fusileros Paracaidistas.

Los militares habían llegado a la región para poyar la Operación Jalisco en busca de miembros de la delincuencia organizada. La Base de Operaciones “Graciano”, al mando del teniente José Martín Graciano, contaba con una comisión del 5 al 29 de enero. Ya era noche del día 27, y no habían tenido resultados.

Con el pretexto de que una denuncia anónima apuntaba al ocupante de un determinado automóvil como líder de “halcones” de un grupo criminal, los militares ubicaron el auto y decidieron allanar una casa. Ese era el domicilio de “Quique”, donde se hallaban sus amigos Abraham, Juan y un joven en muletas, que acaba de llegar.

Juan” detalla el momento. Aquella infausta fecha, visitó a su amigo Luis Enrique, quien al anochecer recibió a un chavo con muletas al que no conocía. Más tarde llegó Abraham, primo de “Quique” y ahí advirtió la presencia de los militares, quienes irrumpieron al inmueble. Enrique y Abraham, corrieron al patio, treparon por un lavadero a la azotea y se esfumaron. “Juan” quiso hacer lo mismo, pero dada su complexión robusta, no pudo hacerlo.

Recuerda “Juan” que se devolvió al interior de la casa, donde los soldados lo sometieron y lo golpearon con una tabla en las plantas de los pies y en los glúteos para que dijera dónde estaban sus amigos “y la droga”.

El joven de muletas también fue golpeado. Tenía una pierna fracturada. De pronto llegaron otros militares con Abraham, y se fueron por “Quique” a una casa abandonada cerca de ahí. Tras encontrarlo, regresaron con él a su casa.

Mientras nos golpeaban a todos y nos hacían hacer diferentes cosas, como besarnos entre nosotros, y lamernos partes del cuerpo, después de aproximadamente unas dos horas, ya que se cansaron de golpearnos y patearnos, nos sacaron de la casa únicamente a mí, a Luis Enrique y a Abraham”, sin darse cuenta qué pasaba con el muchacho de muletas, dice “Juan”.

Tras haber sufrido tortura, mediante tablazos, descargas eléctricas con una chichacharra y recibiendo agua con sal, cloro y fabuloso en los ojos, los tres jóvenes fueron subidos en una de las camionetas del grupo de soldados, llevándolos por carretera hacia las afueras de Tepatitlán, donde cerca de la medianoche los volvieron a apalear en la batea de los pick ups y entre surcos de tierra.

El suplicio terminó cuando “Juan” ya no supo nada más. Quedó inconsciente. Al recobrar el sentido, vio a sus amigos muertos, policontundidos, y entonces, como pudo caminó algunos kilómetros hasta encontrar ayuda.

Quique” y Abraham murieron por “alteraciones traumáticas en órganos interesados médula espinal y columna cervical, causados por compresión medular por luxación cervical”, determinarían las necropsias.

Juan” estuvo hospitalizado varias semanas. Sufrió de discapacidad en diversos órganos del cuerpo y sufrió un cuadro de insuficiencia renal aguda.

Del chavo de las muletas solo supe que los militares lo hicieron menos y ahí lo dejaron todo golpeado”. En todo momento, los ahora fallecidos y sus amigos negaron poseer drogas, armas o pertenecer a grupos criminales.

A la fecha, varios soldados integrantes de aquella base de operaciones se encuentran procesados penalmente, entre ellos el teniente Graciano, pues se les imputaron la probable comisión de los delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio y desaparición forzada.

 

Las desapariciones y fosas

Casos como el de “Juan” y los jóvenes de Tepatitlán, se repiten diariamente en Jalisco.

Policías municipales, estatales e investigadores se han inmiscuido en la desaparición forzada de diferentes víctimas.

Sin embargo, no en todos los casos se llega a probar, en la fase de investigación, la responsabilidad de servidores públicos, y pocos son los que llegan a ser enjuiciados.

Las estadísticas sobre el fenómeno son muy generales. No existen indicadores que refieran cuántas de las desapariciones están relacionadas con elementos del Estado en funciones y cuántas son efectuadas por particulares.

A lo largo y ancho de Jalisco, los familiares de desaparecidos, presionan para encontrar a sus más de 10 mil desaparecidos.

Las cifras son genéricas y disímbolas en los ámbitos federal y estatal.

Mientras que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPD) refiere que hasta mediados de año, en Jalisco, se cuenta con 10 mil 237 personas desaparecidas y no localizadas.

No obstante, para el Gobierno del Estado, a través del Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición (SISOVID), solo son 9 mil 439 personas en esa situación hasta el 31 de julio reciente.

Jalisco, es segundo lugar a nivel nacional en desaparición de personas, solo por debajo del estado de Tamaulipas.

En el caso de la incidencia que reporta SISOVID, se tiene dividida la cifra en 7 mil 173 personas no localizadas y 2 mil 266 personas desaparecidas. De ellas, 8 mil 321 son de sexo masculino y mil 110 de sexo femenino.

Según la ley especializada en la materia, se entiende, por persona desaparecida, aquella cuyo paradero se desconoce y se presuma, a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito. Mientras que por persona no localizada, aquella cuya ubicación es desconocida y que de acuerdo con la información que se reporte a la autoridad, su ausencia no se relaciona con la comisión de algún delito.

Por otra parte, el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición del Estado de Jaliscoestablece que otras 4 mil 995 personas desaparecidas fueron localizadas, el 84 por ciento con vida, entre diciembre 2018 al 31 de julio del 2020.

Se trata de 2 mil 506 hombres y mil 700 mujeres, con vida. Los hallados muertos son 726 varones y 63 féminas.

Al tema de las desapariciones se apareja el de las fosas clandestinas en las que se encuentran cuerpos o restos humanos que difícilmente son identificados.

En informe ejecutivo de la Comisión Nacional de Búsqueda, de la Secretaría de Gobernación, se dijo que al primer semestre de 2020, el número total histórico de fosas localizadas en el país fue de 3 mil 978, en las cuales se exhumaron 6 mil 625 cadáveres.

Tan solo durante la actual administración fueron ubicados mil 682 cuerpos en fosas clandestinas, de los cuales 487 fueron recuperados en estado de Jalisco, ocupando así el deshonroso primer lugar en el número de cuerpos extraídos en dichos sepulcros clandestinos. Por encima de estados como Sinaloa, Colima, Sonora y Michoacán, que en ese orden, lideran la estadística del rubro.

Aunque los números no son alentadores, por primera ocasión, la Fiscalía General del Estado, logró en el mes de agosto imputar a un grupo de presuntos criminales por el delito de desaparición cometida por particulares, pues solo en contadas ocasiones se había consignado a servidores públicos por dicha conducta delictiva.

Las personas imputadas custodiaban a personas privadas ilegalmente de la libertad en una casa de seguridad del municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

 

Por primera vez, la Fiscalía General del Estado, logró en el mes de agosto, imputar a un grupo de presuntos criminales por el delito de desaparición cometida por particulares.

Los ahora imputados por los delitos de desaparición cometida por particulares, tortura, homicidio calificado, homicidio agravado en grado de tentativa, delitos cometidos contra representantes de la autoridad, portación de arma de fuego y uso indebido de insignias, se enfrentaron a la policía el pasado 20 de agosto.

En el inmueble, los presuntos delincuentes mantenían privadas de la libertad a ocho personas de sexo masculino y tenían el cadáver de otro sujeto. Contaban con diez armas de fuego largas, 12 chalecos blindados con el escudo de la Fiscalía General, siete juegos de esposas metálicas, 13 placas falsas para vehículo y un radio de comunicación.

Los detenidos Alfredo “N”, Juan Manuel “N”, Juan Antonio “N” y Francisco “N” fueron vinculados a proceso por todos los delitos en un Juzgado Penal de Control y Oralidad del primer Distrito Judicial y se les dictó la medida cautelar de prisión preventiva (oficiosa) por un año.

 

La herencia histórica

El maestro César Octavio Pérez Verónica, profesor investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) aseguró que el país entero y los estados, “particularmente, donde se concentran los grandes grupos de la delincuencia organizada, estamos centrados en la peor época de la historia en el tema de los derechos humanos”.

El que fuera director ejecutivo del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), explicó a MetropoliMx Jalisco que la violencia extrema generalizada durante los últimos 14 años en México “ha permitido que haya unos niveles de impunidad como jamás se haya visto en nuestro país, por lo menos después de la Revolución Mexicana”.

Entonces, digamos que, actualmente los mexicanos y las mexicanas vivimos una grave situación respecto de nuestra integridad, nuestra vida, nuestro patrimonio, nuestros proyectos personales y sociales, ante tanta tragedia que día a día estamos viviendo en lo particular y como nación”, expresó Pérez Verónica.

Algunas actitudes ilícitas de representantes de autoridad inmiscuidos en y contra la violencia son parte de una herencia de los gobiernos represores que ha tenido el país en por lo menos cinco décadas.

El tema de la llamada “Guerra sucia” sentó determinadas bases para institucionalizar la violencia como es el tema de tortura y como es el tema de la desaparición forzada”, añadió el académico.

Y recuerda: “En aquella época a finales de los sesenta, toda la década de los setenta, y mediados de los ochenta, en muchas partes del país, particularmente en las instituciones relacionadas con el tema de seguridad, pero también en las instituciones castrenses como lo son el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina”.

Los militares jugaron un papel muy importante, junto con las procuradurías en su momento, que sentaron una base de que la desaparición forzada y la tortura son un método ideal para la investigación de los delitos o incluso para la sanción, o para la obtención de información”, reiteró César Pérez.

El investigador de derechos humanos concluyó que desde esa época se arrastra este fenómeno negativo “Y Jalisco juega un papel fundamental en toda esta historia, porque hay que recordar que en Guadalajara se funda la Liga Comunista 23 de Septiembre y se genera una serie de grupos armados en contra del sistema autoritario del PRI, y las prácticas, las terribles prácticas, se quedaron dentro de las instituciones de seguridad del estado de Jalisco”.

Sin embargo, son pocos los casos reconocidos por las autoridades, que se escudan en el discurso de “se están matando entre delincuentes” y atribuyen las desapariciones y homicidios a pleito entre organizaciones criminales. Y cuando los sujetos que privan de la libertad a otras personas vestidos con uniformes y vehículos de apariencia policial, también replican que se trata de “policías piratas”.

El 8 de agosto, se registró el caso más reciente. El comerciante Carlos Javier Flores fue presuntamente detenido por policías estatales en su tienda de abarrotes, en la colonia Arboledas de San Gaspar, en el municipio de Tonalá.

Las cámaras de seguridad, captaron el momento de la detención por presuntos policías de Carlos Javier Flores, en su tienda de abarrotes, en la colonia Arboledas de San Gaspar, en el municipio de Tonalá.

Testigos de los hechos, sus familiares, esperaban hallarlo en la Comisaría, pero ahí les aseguran que ellos no lo arrestaron.

Las semanas han pasado y se desconoce el paradero del hombre de 47 años. Los videos del comercio. En el que se ve el arribo de los uniformados de negro, con una camioneta negra similares a las de la corporación, en nada ha ayudado a esclarecer la supuesta participación oficial.

En tanto, las autoridades muestran su cerrazón, tampoco existen indicios de que estén buscando al desaparecido.

Apenas la semana anterior, la Presidencia de la República, envió al Senado el documento de aprobación para que la Organización de las Naciones Unidas, pueda intervenir en materia de violación de derechos humanos, particularmente en casos de desaparición forzada.

 

Diferencia de Cifras

Personas desaparecidas en Jalisco

Institiución Número
Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPD) 10 mil 238
Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición (SISOVID) 9 mil 439

Fuente: Investigaciones MetrópoliMx Jalisco

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