Guadalajara, Jalisco.- La mayor parte de la Costa de Jalisco está en manos privadas, en detrimento de pescadores y paseantes, quienes no pueden tener acceso a su sustento o a las playas más atractivas.

Se estima que 82 por ciento de las playas del estado, cuyo litoral mide 280 kilómetros, están en poder de mil 238 usuarios y concesionarios, que en los hechos se comportan como dueños de las costas y de sus accesos.

Inclusive existen playas en las que sólo empresas turísticas internacionales pueden ingresar.

En otros casos los concesionarios pretenden cobrar por dejar que la gente goce de las aguas del Océano Pacífico.

Sin embargo, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, sostiene que hay una política de playas libres.

«El Gobierno de Jalisco tiene un compromiso para ejercer una política de playas libres que sea efectiva y que garantice que lo que es de todos tenga ese carácter, que siempre tenga el carácter de playas públicas… Si no cuidamos ese tipo de asuntos, ese desarrollo va a traer marginación, exclusión y, sobre todo, violación sistemática de nuestras leyes«, según citó al inicio de su mandato.

En mayo de 2017, el Congreso del Estado, aprobó las reformas a la constitución estatal para evitar que el acceso a las playas fuese impedido por particulares.

Impulsada por el entonces diputado, Ramón Demetrio Guerrero, con estas leyes se pretendía que «nadie puede poner ni muros, ni mallas, ni retenes, ni absolutamente nada. Las playas son de los jaliscienses y, obviamente, es obligación por parte de la autoridad municipal y estatal generar los accesos de playa«, según comentó.

Sin embargo, desde antes y hasta ahora, esas leyes duermen el sueño de los justos.

Tan es así que existen casos muy sonados, como el cierre intempestivo y unilateral del acceso a la playa de Tenacatita en 2010, en el que el supuesto dueño, la empresa Rodenas, cerró y puso malla incluso sobre una carretera federal, ayudado por policías del Gobierno del Estado.

La playa, las casas de los pescadores ejidatarios, sus negocios y hasta la carretera se mantuvieron cerrados por tres años, hasta que en junio de 2013, agentes de la Fiscalía estatal quitaron la malla electrificada que impedía el paso.

Pese a la recuperación del libre tránsito, los ejidatarios ya no fueron autorizados a reinstalar sus negocios.

El motivo de la reapertura forzada se dio porque Rodenas no pagó los derechos de concesión sobre 294 mil m2 de playa que le habían otorgado en 1992.

La empresa también incumplió el pago de impuestos, deuda estimada en 750 mil dólares.

Pese a esos casos, los usuarios y habitantes del litoral jalisciense siguen padeciendo los caprichos de quienes se sienten dueños de las playas que son propiedad de la Nación, como lo establece el Artículo 5 del Reglamento de Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar.

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