Guadalajara/Jalisco/Noticias.-La viuda de un hombre, asesinado por un policía estatal, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Juan Bosco Agustín Pacheco Medrano, Secretario de Seguridad Pública (SSP) y de José Ramón Jiménez Gutiérrez, presidente de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (SSTJA), por violar la Ley de Amparo.
En la querella, que presentó el 19 de marzo de este año, según el expediente FED/JAL/ZAP/0001071/2021, la viuda afirmó que ambos pretenden obtener una ventaja procesal en una demanda, tras omitir que ella y sus hijos son terceros interesados en un amparo indirecto que presentaron las direcciones jurídicas, de la SSP y de la Fiscalía del Estado de Jalisco, buscando no indemnizar con más de 12.3 millones de pesos a su familia.
La viuda, María Jimena Plascencia Villanueva, en representación de sus tres hijos menores de edad, demandó por responsabilidad patrimonial -expediente 52/2018-, después de que un juez resolvió que su esposo, el taxista Gabriel Josué Casillas Gaspar fue asesinado en julio de 2015, por un policía estatal, en complicidad con un exelemento.
El asesinato
El 15 de julio de 2019, el policía estatal Luis Miguel Rentería Cortés, en compañía de su excompañero de la misma corporación, Javier Carretero Zaragoza, pidieron al taxista los llevara rumbo a Chapala.
En Ixtlahuacán de los Membrillos, Gabriel y Rentería tuvieron discrepancias sobre el costo del viaje. El entonces policía de la FUR, pidió al taxista llevarlo rumbo a una brecha.
Al estar ahí, el policía intentó bajarse del taxi, pero Gabriel lo detuvo para que no se fuera sin pagar.
En respuesta, Rentería le disparó en dos ocasiones. En complicidad con Carretero -quien se quedó con el celular del occiso- arrojaron el cadáver a la orilla del Río Santiago y dejaron abandonado el vehículo.
Días después, Rentería regresó por el taxi para pintarlo del color de su auto que era de la misma marca, y hasta le puso las placas. En noviembre de 2015, la Fiscalía del Estado de Jalisco, informó a Jimena que su esposo había sido asesinado y que habían detenido a los culpables de homicidio calificado y robo calificado.
Luis Miguel Rentería Cortés fue sentenciado, según el juicio penal 311/2015-B-, a cumplir una condena de 50 años de prisión, y Javier Carretero Zaragoza, estará 30 años, y se acordó que debía pagar de forma mancomunada y solidaria 350 mil pesos por concepto de indemnización a favor de la familia de Casillas.
La Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa (SSTJA) resolvió en noviembre del 2019 que la autoridad debía reparar el daño, ya que el policía estatal, a pesar de estar en su día franco, portaba su arma de cargo.
Un año después, las direcciones jurídicas de las dependencias solicitaron un amparo indirecto –1308/2020– contra la sentencia condenatoria. Sin informar que había terceros interesados, los tres menores de edad.
Con ello, se obstruyó un proceso de ejecución y el pago de la indemnización por parte de la autoridad.
La viuda explicó que el presidente del SSTJA tras elaborar su informe no mencionó “que del juicio de origen, se encuentra mi persona, y a mis hijos, como tercero interesado”.
En caso de ser hallados culpables, a ambos se les impondría una pena de tres a nueve años de prisión. Además los destituirían e inhabilitarían.
El director general jurídico de la SSP, Luis Roberto Dávila Sánchez se negó a pagar la indemnización, porque cuando se ventiló el juicio de responsabilidad, la dependencia no existía.
Esta surgió en diciembre de 2018, cuando se separó de la Fiscalía General del Estado (FGE).
