Guerrero Negro, Baja California Sur.- La trama de corrupción al interior de la Exportadora de Sal de Guerrero Negro (ESSA), la compañía paraestatal que genera millones de pesos en ingresos para el país, se va desgranando poco a poco, después de 6 años: apenas el pasado mes de junio, el ex director Jorge Humberto López-Portillo Basave, recibió el último revés en firme tras ser negado el amparo de la justicia federal por actos irregulares en el manejo de recursos públicos.

El político priísta y ex legislador federal del estado de Jalisco fue acusado en 2016 por el quebranto de 100 millones de pesos a la salinera más grande del mundo, durante los años 2014 y 2015, cuando estuvo como director de la ESSA, por lo que fue detenido el 14 de septiembre de 2016 por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), y liberado tres días más tarde del Reclusorio Sur.

Lo que sí procedió en firme, según una investigación de MetrópoliMx, fue la inhabilitación para ocupar cualquier cargo público durante 10 años, sanción que fue establecida por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Tras su liberación, el político jalisciense, se defendió argumentando que había sido un “chivo expiatorio” para acusarlo de consumar ventas de toneladas de sal a bajo precio.

Lo anterior, según él, para que el Consejo de Administración, abaratara el valor de la empresa estatal y terminara por rematarla a Mitsubishi, compañía japonesa que cuenta con el 49 % de las acciones de la empresa paraestatal.

Sin embargo, en el documento de Juicio de Amparo, resuelto el 29 de junio de 2020 en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México, el ex funcionario resultó responsable de realizar operaciones no autorizadas por un monto de 7 millones 500 mil pesos que entregó al Ayuntamiento de Mulegé durante la administración del ex alcalde Guillermo Santillán Meza.

Al final, 6 años después de que la Secretaría de la Función Pública, detectó movimientos irregulares en las auditorías, como los 100 millones de venta irregular de sal, y los 7.5 millones entregados al Municipio de Mulegé, el dinero sigue perdido y sin poder recuperarse.

Lo más rescatable es que –según la sentencia en el tribunal administrativo– José Humberto López-Portillo, tendrá que pagar cuando mucho una multa por 11 millones 500 mil pesos.

 

La sal del diablo

El caso del ex funcionario de la paraestatal salinera fue muy conocido en el 2016 con su arresto y su encarcelamiento de pocos días. Entre dimes y diretes, el peñanietista jalisciense inhabilitado hoy en día, acusó que ser “víctima” de la fabricación de un delito, cuando fue señalado de autorizar vender la tonelada de sal a Mitsubichi hasta en 10 dólares, para reportar en la contabilidad 20 dólares.

Así, y de acuerdo a su dicho, la compañía japonesa ganaba 50 dólares al venderla en el mercado asiático.

Como se sabe, la Exportadora de Sal ubicada en Guerrero Negro, es una de las más grande del mundo, y cada año genera millones de pesos de ganancias al Gobierno de México.

Así, el caso administrativo formulado contra José Humberto López-Portillo Basave, del cual MetrópoliMx, obtuvo copia, señala que sin la autorización del Consejo Administrativo, el ex director entregó los 7 millones 500 mil pesos al Ayuntamiento de Mulegé por un acuerdo que presuntamente existía desde 1988, cuando se creó la exportadora salinera.

 

Las Irregularidades

El caso de corrupción fue un asunto que se comenzó a ventilar de manera interna en 2015, un año después de la entrega de las aportaciones del Fideicomiso Minero, porque ya para abril de 2015, el político de Jalisco, había sido citado a comparecer en una audiencia con motivo de una presunta violación a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en el que se haría de su conocimiento de irregularidades que había cometido en su paso por la Exportadora de Sal.

Para el 29 de abril de ese año, el entonces director no acudió, por lo que se levantó un acta de su no asistencia a declarar ni justificó su ausencia ni menos envió un documento para defenderse de las acusaciones, por lo que se dio por sentado su responsabilidad.

De acuerdo con el amparo, el funcionario además de no presentarse a la audiencia señalada, tampoco ofreció documentación alguna, por lo perdió su derecho a ofrecer pruebas, según el juicio.

Una de las acciones que encontró la Función Pública fue que en abril de 2014 firmó el convenio de subrogación sin autorización del Consejo de la Exportadora en favor del Ayuntamiento de Mulegé, con un anticipo de dividendos que genera la empresa paraestatal al Municipio.

Apelando al convenio de coordinación entre la Exportadora, el gobierno federal, estatal y el Ayuntamiento de Mulegé, que estipulada supuestamente la entrega de una tercera parte de los dividendos del Fideicomiso, José Humberto López-Portillo Basave, entregó la cantidad, en diferentes pagos, de 7 millones 500 mil pesos.

Según la defensa, en abril de 2014, se hizo ese convenio por parte del ex funcionario para restituir ese dinero que “nunca se había entregado”.

El 31 de julio de ese año, el Consejo de Administración, se percató de esta acción y desconoció la transacción, y meses más tarde, en febrero 2015, la controlaría interna comenzó a dar parte a la Secretaría de la Función Pública de la entrega indebida de este recurso al Municipio.

El dinero nunca volvió a aparecer. Ni el quebranto de los 100 millones de pesos que se realizó con la venta a menos de la mitad de precio reportado de las toneladas.

Todos los servidores públicos de esa época, como Basave, siguen en libertad.

Una trama de corrupción que, por lo menos, en la sentencia reciente del tribunal, se tendrán que reponer 11 millones 500 mil pesos, multa impuesta al ex director de la Exportadora de Sal.

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