El Zapote, Jalisco.- Un grupo de ejidatarios de El Zapote denunciaron penalmente al juez octavo en Materia Administrativa, Rubén Olvera Arreola, a quien acusan de ser parcial hacia el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), cometiendo actos de corrupción y cohecho.
Así lo sostuvo el presidente del Ejido, Nicolás Vega Pedroza, quien a nombre de los ejidatarios, pidió se excuse a este juzgador de llevar el caso y se encargue del juicio alguien imparcial.
Asimismo, piden que el perito encargado sea removido y sustituido por alguien más que no tenga conflictos de interés.
El líder ejidal expuso que hay «actos de corrupción y cohecho y ya fueron presentadas ante la judicatura federal por parcialidad y recibir órdenes e instrucciones del Grupo Aeroportuario del Pacífico, ya que los abogados del aeropuerto hablan a nombre de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero para las decisiones y acciones que ellos van a hacer sin darle su derecho de audiencia al ejido«.
Una audiencia que se tenía programada para el pasado 18 de septiembre fue cancelada sin mayor explicación.
Los ejidatarios pelean desde hace varios años que sea pagado lo justo por 307 hectáreas que fueron expropiadas para convertirse en terrenos del aeropuerto, y los cuales recibieron 300 pesos el metro, cuando el valor real de la extensión en disputa es de mil 307 millones de pesos, según peritos valuadores.
Los ejidatarios claman que ellos no han recibido ni un peso de indemnización.
El 13 de octubre esperan una respuesta de parte del Gobierno Federal que pudiera dar solución a este caso, que se originó con la expropiación de sus terrenos para construir el aeropuerto tapatío.
En 1951, se determinó construir la base aérea en los terrenos de El Zapote, y en 1975 fueron expropiadas 307 hectáreas para ampliar el aeropuerto, terrenos por los que se pretendió pagar más de 40 millones de pesos a los ejidatarios por medio de un fideicomiso, algo que los campesinos no aceptaron.
Según las cuentas del Gobierno Federal, ya se han pagado a los ejidatarios 57 millones de pesos, y como el avalúo gubernamental da a los terrenos, ya ocupados por el aeropuerto, un valor de 61 millones, alegan que sólo faltan cuatro millones por pagar.
Sin embargo, los avalúos encargados por los afectados dan valores de dos mil 600 millones de pesos, uno, y de tres mil 600 millones de pesos, otro.
